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Nueva York.-
El gobierno dice tener informaciones “específicas” sobre un ataque terrorista “inmminente” de Al Quaeda en la Península Arábiga, no solo contra Estados Unidos, sino contra “todo occidente”. Entonces assume la posición menos específica posible: ordena cerrar las embajadas en 22 países y emite una alerta mundial de viajes durante un mes.
Lo único realmente específico aquí es que el gobierno necesita un mes sin antagonismos ni cuestionamientos, porque está ocupado garantizando nuestra “seguridad”. Todo esto se produce en un momento muy “específico”.
El gobierno está acorralado por una nación renuente a cambiarle su privacidad por una promesa de seguridad. Demócratas y republicanos del Congreso se oponen al programa de espionaje general permanente que denunció el ex contratista de la Agencia Nacional de SEguridad (NSA) Edward Snowden.
La nación casi completa repudia y cuestiona la legalidad del espionaje permanente generalizado. Solo el ex presidente George W. Bush y su vicepresidente Dick Cheney apoyan los programas de espionajes que conduce la administración de Barack Obama.
Esta alerta de seguridad cerrando embajadas ante “amenazas inminentes y específicas”, parece calcada del libro de manipulaciones de Bush-Cheney. Porque la administración de Obama naufraga en argumentos legales imposibles e insostenibles para justificar el espionaje y perseguir a quienes lo denuncian.
Ahora Obama, un especialista en Derecho Constitucional, alega que la libertad de prensa “ayuda al enemigo” y presenta cargos contra Bradley Manning, por denunciar crímenes de guerra
en Irak. E insiste en que los periodistas revelen sus fuentes de información, porque determinadas publicaciones “ayudan al enemigo”.
La credibilidad de Obama se decidirá durante los 30 días de esta “alerta de seguridad mundial”. Si se produce algún ataque, se demostrará que el espionaje permanente y generalizado no previene nada. Al final de esta alerta, la credibilidad de Obama puede quedar como la de Bush.